Although Article 53 of the general law of education (LGE), establishes that non-state universities are corporations with a private right, there have been many complaints that demonstrate how these institutions have violated the spirit of the law by making the private education system a highly profitable business.
En el marco de la tramitación del proyecto de ley que crea una Superintendencia de Educación Superior (boletín 8041-04), los senadores Patricio Walker y Camilo Escalona presentaron el proyecto de ley que tipifica como delito la infracción de las obligaciones, en caso de operaciones con personas relacionadas, por parte de los directores, gerentes y administradores de instituciones de educación superior.