En el caso de universidades, una de las garantías que da la norma es que la institución certificada debe contar con procesos claros, estandarizados y con responsables definidos para todos los trámites y servicios que ofrece. Eso evitaría problemas como las decisiones arbitrarias, la negación de servicios y temas similares que figuran entre las denuncias recibidas por el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup) entre 2017 y 2019 (véase gráfico “Quejas en educación superior”).